La carta otorgada representa una forma de transición política en la que el soberano, ante la presión de cambios sociales o crisis de legitimidad, decide limitar su propio ejercicio del poder. Al emitir este documento, el rey se compromete a gobernar bajo ciertas normas, evitando el despotismo absoluto y estableciendo un marco legal para la administración del Estado.
Este instrumento es fundamentalmente distinto a una constitución moderna, ya que no surge de la soberanía popular ni de una asamblea constituyente. En su lugar, el poder absolutista sigue siendo la fuente última de la ley, lo que permite al monarca mantener el control sobre la estructura del Estado mientras intenta apaciguar las demandas de sus súbditos mediante la concesión de libertades o derechos específicos.